Magistrado Ponente
AC5858-2016
(Aprobado en sesión de diez de agosto de dos mil dieciséis).
Bogotá, D. C., cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
Decide la Corte sobre la admisión del escrito sustentador del recurso de casación interpuesto por los demandantes frente a la sentencia de 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que Claudia Morales de Ortiz, Rafael Ortiz Cabrera, Angélica y Carolina Ortiz Morales promovieron contra la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP «EEB» y Codensa S.A. ESP.
1.- Los accionantes pidieron, principalmente:
1.1. Declarar que en el inmueble de su propiedad ubicado en la carrera 14 Nº 63-58/60 de Bogotá se encuentra instalada desde 1960 una subestación eléctrica que en esa época pertenecía a la Empresa de Energía de Bogotá S.A., que pasó a ser de Codensa desde el 23 de octubre de 1997; y que esa ocupación vulnera la prohibición contenida en el artículo 34 de la Ley 142 de 1994, dirigida a las empresas de servicios públicos domiciliarios para que se abstengan de privilegiarse en sus actos, pues ha omitido pagar por la utilización de esa área de terreno.
En consecuencia, deprecaron se condene a las demandadas a cancelar $441’660.000 con su corrección monetaria e intereses legales del 6% anual o, en su defecto, moratorios comerciales a la tasa máxima permitida legalmente.
1.2. Como súplicas subsidiarias deprecaron: i) se declare que las accionadas se han enriquecido sin causa legal por el usufructo del área de aproximadamente 25 metros cuadrados que vienen ocupando desde 1960; ii) «que el inmueble de propiedad de (los gestores) correlativamente se empobreció al no poder utilizar ni disfrutar de esa zona»; iii) que se condene a las enjuiciadas a pagar a sus contendores el valor que se demuestre en el proceso por tal usufructo, corregido monetariamente y con réditos mercantiles (fls. 45 a 46, c. 1).
2.- En compendio expusieron los promotores, como sustento de sus peticiones (fls. 42 a 49 y 52, ibídem):
2.1. Que en el edificio de su propiedad la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá tiene instalada una subestación eléctrica, que distribuye energía al sector.
2.2. Que tras la creación de Codensa S.A. E.S.P. en 1997, la EEB le cedió los activos de distribución y comercialización, dentro de los cuales esta la aludida subestación de energía eléctrica.
2.3. Que los accionantes no han celebrado ningún acuerdo con las referidas sociedades, tendiente a entregar la tenencia del área de terreno que estás ocupan, por lo que ellos no han recibido valor alguno por esa detentación.
2.4. Que el inciso 1º del artículo 34 de la Ley 142 de 1994, impone a las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios, evitar privilegios en sus actos, lo que precisamente han venido haciendo las encartadas con el proceder denunciado.
2.5. Que Codensa, consciente de su error, está adelantando en toda la ciudad, una campaña para legalizar la ocupación que hace de inmuebles privados, con la instalación y funcionamiento de estaciones eléctricas, mediante la suscripción de contratos de compraventa, arriendo o servidumbre.
2.6. Que está proscrito el enriquecimiento sin justa causa por lo que las convocadas deben pagar $800.000 mensuales, por la utilización que desde 1960 hacen de un área en el predio de los reclamantes, máxime cuando tales entidades tienen ánimo de lucro.
3.- Una vez vinculada al proceso la EEB propuso las excepciones perentorias de «inexistencia de obligación que genere indemnización» y «prescripción» (fls. 95 a 100 ib).
Codensa propuso las de «falta de causa para demandar por existencia de servidumbre», «ausencia de empobrecimiento correlativo» y «prescripción» (fls. 123 a 127).
Esta entidad también llamó en garantía a la Empresa de Energía Eléctrica al indicar que cuando le cedió a aquella la subestación eléctrica materia de controversia, entre otros bienes, suscribieron un «acuerdo de autorización de acceso» garantizando que «mantendrá indemne a Codensa y responderá por e (sic) indemnizará cualquier incumplimiento que se le cause, de ser negado o rechazado su acceso por incumplimiento de la obligación consagrada» (fls.9 a 10, c. 3).
4.- El Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, dictó sentencia desestimatoria el 16 de enero de 2014 (fls. 425 a 436, cuaderno 1).
II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1.- La ocupación de una porción del fundo de los convocantes, con la subestación eléctrica descrita en el libelo, no constituye un privilegio injustificado a favor de las demandadas y en perjuicio de aquellas, porque de por medio está el contrato de arrendamiento plasmado en la escritura pública Nº 14 de 7 de enero de 1960 otorgada en la Notaría 4ª de Bogotá, registrado en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a ese predio, pacto ajustado por espacio de 20 años prorrogables automáticamente, como ha venido sucediendo.
A pesar de que ese acuerdo no fue firmado por los promotores, sí lo está por quien para la época era el propietario del bien raíz, por lo que es oponible a sus posteriores dueños conforme al artículo 2020 del Código Civil. Además, también vincula a Codensa porque cuando le fue cedida la subestación eléctrica, en 1997, pasó a ocupar la posición de arrendataria que tenía la EEB, toda vez que aquella transferencia traía consigo las deudas y obligaciones que esta entidad había adquirido.
Aunque los representantes legales de las accionadas adujeron que no realizaron la cesión del arrendamiento, tácitamente operó porque los demandantes, no se han opuesto al funcionamiento de la subestación eléctrica en su heredad, además expusieron en el juicio que el canon actual es irrisorio.
2.- Tampoco se configura el privilegio alegado en el escrito genitor del litigio porque: i) la celebración de un contrato de arrendamiento como el que está vigente entre las partes no aparece prohibido en la Ley 142 de 1994; ii) porque quienes se están beneficiando de la subestación eléctrica son los propietarios del inmueble donde está construida, es decir, los ahora demandantes; iii) porque estos no soportan un carga desproporcionada con la construcción de ese artefacto al haberse acreditado que no representa peligro, comoquiera que cuenta con todas las medidas de seguridad pertinentes; iv) porque esa planta es necesaria no sólo para suministrar fluido eléctrico al edificio de los convocantes sino a los inmuebles cercanos, de donde extrae que es «un acto que va en pro del interés general que debe primar sobre el interés particular».
3.- Finalmente, tampoco es de recibo la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin causa, habida cuenta que uno de sus presupuestos es que los peticionarios estén desprovistos de acción para reclamar el daño que aducen padecer. Sin embargo, los promotores tienen a su alcance demandar judicialmente la regulación del canon de arrendamiento para reparar el desequilibrio que alegan.
4.- De todos modos, no está acreditado el aumento patrimonial endilgado a las enjuiciadas con el correlativo empobrecimiento que también exige aquella súplica.
III. DEMANDA DE CASACIÓN.
En tiempo hábil se radicó la sustentación de la impugnación extraordinaria, la que contiene dos ataques (fls. 7 a 15, c. 7):
CARGO PRIMERO
Fundado en la causal inicial de casación, se aduce la violación por «interpretación errónea» del artículo 34 de la Ley 142 de 1994.
Después de reiterar las pretensiones de la demanda, transcribir parcialmente las consideraciones del Tribunal, el precepto denunciado como conculcado y la sentencia C-066 de 1997 de la Corte Constitucional, se argumentó que el citado artículo tiene dos «segmentos»; el primero, señala que «(l)as empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y discriminaciones injustificados», mientras que el segundo, dispone que esas compañías deben «abstenerse de toda práctica que pueda generar competencia desleal o restrictiva de la competencia».
Agregaron los recurrentes que como tal legislación no trae la definición de la alocución «privilegio», debe interpretarse que lo deseado por el legislador fue prohibir «exenciones de obligaciones o ventajas exclusivas a» favor de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
«Sin embargo, por ser enteramente disímil el supuesto jurídico, no cabe realizar el mismo razonamiento frente a aquellos hechos que iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994 continuaron produciendo efectos bajo la nueva ley en mención, pues so pretexto de la aplicación del principio de la irretroactividad, no se puede desconocer que tal ley era de vigencia inmediata, esto es, que la nueva ley debe aplicarse ‘a los hechos, relaciones y situaciones jurídicas nuevas y aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes’».
Por ende, «erró el Tribunal al concluir que la norma en cuestión no podía ser aplicada respecto de aquellos hechos que iniciados antes de la vigencia de la ley continuaban produciendo efectos después de que entró en vigor».
CARGO SEGUNDO
Al amparo de la causal 1ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se adujo que la sentencia recurrida transgredió por falta de aplicación los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 831 del Código de Comercio, mientras que conculcó por aplicación indebida el 306 del Código de Procedimiento Civil, por error de hecho, al apreciar la demanda, las escrituras públicas Nº 14 de 1960 y 4278 de 2002 otorgadas en las Notarías 4ª y 30 de Bogotá, en su orden, las declaraciones de Codensa y la EEB, así como el certificado de tradición del inmueble de los demandantes.
En sustento de ese reclamo se argumentó que el funcionario de segunda instancia dio por demostrado, sin estarlo, que los anteriores propietarios del predio eran arrendadores de la EEB; que a su vez ellos habían adquirido el dominio de quien arrendó a tal entidad; que este acuerdo es oponible a los promotores; que a estos y a Codensa les cedieron las posiciones de arrendadores y arrendataria; y que la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá es la misma Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
Así mismo se adujo que el ad-quem no tuvo por acreditado, estándolo, que la subestación eléctrica pasó a ser de Codensa desde octubre de 1997.
Agregaron que el contrato de arrendamiento de 7 de enero de 1960 fue firmado únicamente por Víctor Rodríguez Rosas y la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, como arrendador y arrendataria, respectivamente, y no contiene ninguna nota de cesión o transferencia.
No obstante, el funcionario de última instancia extrajo que era oponible a las partes del proceso, lo que deja ver que se «alteró la objetividad que aflora de tal documento y le hizo decir lo que no consta allí y que no aparece probado en ninguna parte del expediente».
Además, fue ignorada la confesión de las empresas encartadas pues en los interrogatorios de parte que absolvieron sus representantes legales, afirmaron que no hubo cesión del arrendamiento y aceptaron que la EEB transfirió a Codensa, cuando ésta fue creada, todos los activos relacionados con la distribución y comercialización de energía.
Esa enajenación, añadieron los impugnantes, generaba la culminación del contrato de arrendamiento, por lo que Codensa no tiene justificación para ocupar en forma parcial el fundo de los reclamantes.
El Tribunal ignoró que en el folio de matrícula de ese bien raíz está inscrita la venta que Víctor Rodríguez Rosas hizo a favor de Malta Ltda., y la que posterior efectuó ésta compañía a quienes le transfirieron a los actuales propietarios, por lo que se transgredió el numeral 2º del artículo 2020 del Código Civil, en la medida en que el contrato de arrendamiento «sólo era exigible de la sociedad Malta Ltda. quien adquirió de manos del otrora arrendador (sic).»
Por último, adujeron que ese arrendamiento sólo les era oponible, conforme a la norma referida en precedencia, si se les hubiere transmitido la posición del arrendador a título oneroso, lo que no ocurrió porque sus antecesores tampoco ostentaban dicha condición.
Entonces, los yerros del sentenciador de segunda instancia, fueron trascendentes porque lo condujeron a concluir que no se cumplían los requisitos, para que prosperaran las pretensiones de la demanda, cuando sí lo estaban.
IV. CONSIDERACIONES
1. Es pertinente indicar que no obstante haber entrado en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso a partir del 1º de enero del año en curso, al sub lite no resulta aplicable ya que consagró, en los artículos 624 y 625 numeral 5º, que los recursos, entre otras actuaciones, deberán surtirse bajo «las leyes vigentes cuando se interpusieron».
Y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga aplicándose.
2. El numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito con que se provoca esta vía debe contener «[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa.»
Por tanto, el censor tiene la obligación de respetar las reglas de técnica, que faciliten la comprensión de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Precisamente, esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente; a iniciativa propia por la Corporación, pues así lo tiene advertido al exigir que
[S]in distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos (CSJ AC 16 ago. 2012, rad. 2009-00466, reiterado CSJ AC, 12 jul. 2013, rad. 2006-00622-01).
3. Los cuestionamientos planteados en la demanda de casación no cumplen las exigencias formales, por lo siguiente:
3.1. Se evidencia la ineptitud del primer cargo, porque se olvidó indicar como correspondía en aras de satisfacer la exigencia de claridad y precisión, si la violación del ordenamiento sustancial denunciada, se produjo rectamente o de manera indirecta, comoquiera que únicamente se adujo que la causal invocada es la «primera de casación que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil», mientras que en su desarrollo sólo fue expuesto el argumento por el que se considerada equivocada la decisión del Tribunal.
En lo que atañe a tal requisito, la jurisprudencia de la Corte ha indicado que «(…)si se trata de violación de normas sustanciales hay que identificar las que tienen esa connotación» y, además, «precisar cómo se produjo el quebrantamiento, si de manera directa o indirecta» (CSJ AC de 24 nov. 2010, rad. 2008-00271-01); porque omitir este presupuesto conlleva la inadmisión del libelo extraordinario, como da cuenta, entre otros, el proveído de 19 de sep. de 2001, rad. 0037, a cuyo tenor «(l)a primera dificultad aparece cuando el recurrente aduce violación de la ley, sin explicar la vía a la cual recurre».
Adicionalmente, tal reproche también adolece de simetría, en la medida en que es de rigor para quien acude a este mecanismo de defensa, orientar acertadamente sus críticas, lo que implica que debe atacar las razones, jurídicas o fácticas, de la sentencia cuestionada.
De allí que si para tales efectos son aducidas consideraciones ajenas a tal decisión, por una incorrecta o incompleta asunción de lo realmente plasmado en ella, la recriminación no deba ser admitida, por no estar dirigida hacia los pilares de la providencia del ad-quem.
Sobre tal tema esta Corporación ha establecido lo siguiente
(…) como se advirtió en auto de 2 de noviembre de 2011, exp. 2003-00428, “la Corte ha señalado que ‘[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar’ (auto de 18 de diciembre de 2009, exp. 6800131030012001-00389 01) o que ‘resulta desenfocado, pues deja de lado la razón toral de la que se valió el ad quem para negar las pretensiones (…) Ignorado fue, entonces, el núcleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisión, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.’ (Auto de 30 de agosto de 2010, exp. 11001-31-03-005-1999-02099-01)”. (CSJ AC 23 nov. 2012, rad. 1100131030282006-00061-01).
De tal falencia padece el cargo bajo estudio, pues los recurrentes censuran al Tribunal por no aplicar la Ley 142 de 1994, despacho que, agregaron, se excusó considerando que los hechos materia de la controversia ocurrieron antes de que fuera expedida esa legislación y que esta no tiene efectos retroactivos.
Sin embargo, ese juzgador no desestimó las pretensiones por ese motivo sino por otros, esto es, porque no se vulneró la prohibición contenida en el inciso 1º del artículo 34 de la Ley 142 de 1994 habida cuenta que: i) existe una relación contractual de arrendamiento que valida la ocupación denunciada por los promotores, la que no figura prohibida en esa legislación y surte efectos para todas las partes; ii) porque la instalación de la subestación eléctrica en el fundo de los accionantes no es desproporcionada sino que guarda concordancia con el servicio público que se les está prestando junto con sus vecinos; iii) porque por encima de los intereses de aquellos se está dando prevalencia a los de la comunidad en general; iv) porque la solicitud subsidiaria de enriquecimiento sin causa requiere la inexistencia de acción judicial, pero los reclamantes sí cuentan con una, ya que pueden acudir a la de regulación de canon de arrendamiento; v) porque no se probó el empobrecimiento de los peticionarios ni el enriquecimiento de las opositoras.
Consecuentemente, se concluye que el agravio bajo estudio fue desenfocado por no estar dirigido a enjuiciar las verdaderas bases del fallo de segundo grado, en la medida en que el Tribunal no coligió que al caso de autos fuera inaplicable el artículo 34 de la Ley 142 de 1994 como se afirma en el presente cuestionamiento.
En suma, el embate inicial de la demanda de casación es inadmisible, porque no indicó la vía por la cual estaba dirigido; tampoco combatió el genuino soporte que tuvo el ad-quem, es decir, desatendió los argumentos torales de la sentencia cuestionada.
3.2. En cuanto al segundo cargo, tampoco cumple las exigencias formales que habiliten su admisión, porque luce incompleto.
En efecto, como se anotó, fueron varios los pilares en los que el estrado de segundo grado fincó la desestimación de lo pedido, esto es, no haberse vulnerado la prohibición contenida en el inciso 1º del artículo 34 de la Ley 142 de 1994 habida cuenta que: i) existe pacto de arrendamiento que valida la detentación acusada por los promotores, la que no está prohibida en esa legislación y es oponible a todas las partes; ii) porque la instalación de la subestación eléctrica en el fundo de los accionantes es proporcional con el servicio público que se les está prestando a ellos y a sus vecinos; iii) porque por encima de los intereses de aquellos están los de la comunidad en general, salvaguardados con la construcción criticada; iv) porque la acción de enriquecimiento sin causa requiere la inexistencia de otra vía judicial, pero los reclamantes sí cuentan con la de regulación de canon de arrendamiento; v) porque no se probó el empobrecimiento de los peticionarios ni el enriquecimiento de las opositoras.
Sin embargo, el presente cuestionamiento sólo criticó el primero de aquellos fundamentos, es decir, aquél según el cual la acción estaba llamada al fracaso porque el contrato de arrendamiento suscrito entre la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y el propietario del predio para 1960, justifica la instalación de la planta eléctrica en el fundo de los demandantes, alianza que es oponible a los litigantes.
Los demás argumentos torales de esa determinación quedaron incólumes de censura, lo que traduce que el segundo cargo fue incompleto porque, aun de aceptarse que el juez de segundo grado cometió los yerros que se le endilgan, su determinación desestimatoria se mantendría erigida en los soportes que no fueron impugnados.
Tal falla es suficiente para inadmitir ese cuestionamiento porque
Sobre el particular esta Sala tiene dicho que ‘(…) el recurso de casación debe contar con la fundamentación adecuada para lograr los propósitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo así la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, además de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuestión, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos específicos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relación de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ahínco la doctrina científica, si la declaración del vicio de contenido o de forma sometido a la consideración del Tribunal de Casación no tiene injerencia esencial en la resolución jurisdiccional y ésta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecerá entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendrá que ser desechado’. (…) En la misma providencia, se añadió que ‘(…) para cumplir con la exigencia de suficiente sustentación de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar idóneamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este último y no en otro distinto, en qué ha consistido la infracción a la ley que se le atribuye, cuál su influencia en lo dispositivo y cómo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la crítica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa’. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jurídica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la línea argumental contenida en aquel proveído(…) (CSJ AC 29 oct. 2013, rad. nº 2008-00576-01, reiterada en AC7236 de 2015, rad. nº 2001-29864-01).
Así las cosas y como es menester atacar todas las bases del fallo cuestionado, lo cual no hicieron los recurrentes, habrá de repelerse su libelo.
Es que, aludiendo a los eventos en que no debe aceptarse la demanda, tanto por defectos formales como por errores técnicos, la Sala ha estimado que
En síntesis, la Corte inadmitirá la demanda de casación por ausencia de requisitos formales, cual lo regula el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, e igualmente se abstendrá de seleccionarla en las siguientes hipótesis: a) porque acusa errores de técnica, que además de ser evidentes, resultan insalvables; como por ejemplo, la falta de individualización de pruebas o la ausencia de demostración del yerro endilgado, entre otras; b) cuando incorpora aspectos o cuestiones novedosas y, por lo mismo, no admisibles en casación; c) porque los supuestos yerros fácticos en los que, eventualmente, ha incurrido el fallador, relativos a la apreciación de las pruebas, no son manifiestos o trascendentes; d) porque no se demostró el error de derecho alegado o éste es irrelevante; e) porque los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados o, no afectaron las garantías de las partes ni comportaron una lesión mayúscula del ordenamiento; f) por la existencia reiterada de precedentes sin que se vislumbre la necesidad de variar su sentido; g) porque, a la postre, en el asunto de que se trate no se violó, al rompe, el ordenamiento en detrimento del recurrente. (CSJ AC 12 may. 2009, rad. nº 2001-00922, reiterado AC 30 ago. 2013, rad. nº 2001-003000-01 y en igual sentido CSJ AC-3337 de 2015, rad. nº 2008-00668-01, entre otros).
Por consiguiente, el cargo segundo padece de los referidos desaciertos, los que son suficientes para impedir su admisión.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto por la parte actora dentro del proceso de la referencia.